Educación superior en Colombia

Eduardo Behrentz

En días recientes, el Consejo Nacional de Educación Superior (Cesu), órgano consultivo del Gobierno Nacional, hizo pública su propuesta de política pública para la excelencia en la educación terciaria en Colombia. Este esfuerzo hace parte de la creciente preocupación por el tema educativo en el país, lo que ciertamente es una señal positiva y un paso en la dirección correcta. Empieza a ser cierto, al menos en el discurso, que la educación hace parte de las prioridades del Esta-do como motor de equidad, competitividad y desarrollo social y económico.

Sin embargo, si deseamos ser testigos de verdaderas transformaciones, el Gobierno, en cabeza de la nueva ministra del ramo, debe considerar propuestas más audaces que las incluidas en el documento Cesu, el cual sufre de importantes limitaciones co-mo consecuencia del esfuerzo realizado para lograr un amplio consenso entre los diversos sectores académicos del país. Mientras se resalta la buena intención de intentar legitimar las conclusiones allí plasmadas, el desenlace de buscar satisfacer a to-dos los involucrados en la discusión resulta ser más de lo mismo. En numerosos casos, las propuestas no pasan de ser modificaciones burocráticas y legales que pretenden perpetuar y hacer más convenientes las mismas actividades implementadas a la fecha. Esto, a su vez, resulta insuficiente para nuestras propias metas y roba al documento la posibilidad de constituirse en una apuesta ambiciosa y progresista.

Las directrices para la política nacional de educación superior no deben sustentarse en un diálogo de opiniones (como es parte del documento Cesu), sino en evidencias formales científicas del área así como en estudios técnicos rigurosos y cuyos resultados se encuentren plenamente documentados. Adicionalmente, dichas directrices deben tener como único propósito una oferta variada y de calidad para el sector, así resulten impopulares o incómodas para actuales actores del sistema, quienes son, además, directos responsables de su deficiente desempeño.

El Cesu centra parte de su argumentación en creencias fuertemente arraigadas en Colombia y que deben ser objeto de debate interno en el marco de evidencia científica internacional que parece contradecirlas. La primera de ellas (las demás serán objeto de otra columna) tiene que ver con la aspiración de todas las instituciones de educación superior de convertirse en universidades de investigación. Esto, en parte, como consecuencia del modelo adoptado por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) desde la década de los años 90.

Si bien sabemos que los esfuerzos en ciencia y tecnología son requisitos fundamentales para el desarrollo, esto no significa que la investigación sea la principal labor para todas las instituciones de educación terciaria. Por el contrario, en los países con sistemas educativos fuertes y consolidados, la verdadera actividad de investigación se deja a un pequeño número de universidades mientras que los demás centros educativos se concentran en la enseñanza de calidad yen el entrenamiento de los estudiantes en destrezas y competencias que son valoradas por el sector productivo, tales como la innovación y el emprendimiento.

No todos los entes universitarios pueden dedicarse a lo mismo. La formación de técnicos y tecnólogos con calidad y pertinencia (tal como lo resalta el Cesu) es igual de importante (y a lo mejor más urgente) que la formación de profesionales. Lo mismo puede decirse para la relación entre profesionales e investigadores. Ojalá entendamos que en este balance no deben sacrificarse el prestigio ni la excelencia de las instituciones y que a través del mismo es como han logrado consolidarse muchas de las principales potencias económicas del mundo. @behrentz Periódico El Tiempo

Si deseamos ser testigos de verdaderas transformaciones, el Gobierno debe considerar propuestas más audaces que las incluidas en el documento Cesu.